La historia parecía haber terminado en junio dentro de un tribunal de La Plata. Después de casi seis años de expediente, una condena anulada y trece meses detrás de las rejas, Matías Rival llegó al segundo juicio y escuchó al propio Ministerio Público admitir que no podía demostrar que hubiera robado a Bigotito. El fiscal retiró la acusación y Rival salió del juicio absuelto, pero el expediente encontró otra puerta para continuar.
El origen de todo está fechado el 14 de julio de 2020, cuando desapareció un ternero recién nacido del establecimiento rural Puesto Nuevo de Pini, en Brandsen. Rival sostuvo desde el comienzo que no lo había robado y explicó que su hermano Martín había encontrado al animal junto a un camino y posteriormente lo llevó hasta el establecimiento donde Matías trabajaba para alimentarlo. Un ternero que apareció vivo terminó generando una batalla judicial que ya atravesó seis años, dos juicios y múltiples expedientes.
En noviembre de 2024, Matías fue condenado mediante un juicio abreviado a cuatro años de prisión por abigeato agravado. Permaneció detenido durante 13 meses en la Unidad 26 de Lisandro Olmos hasta que el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló aquella sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio. La condena que había llevado al trabajador rural a prisión dejó jurídicamente de existir y el expediente tuvo que empezar otra vez desde el debate.
El segundo juicio cambió completamente el escenario. Declararon Matías, su hermano Martín, el denunciante, policías y el productor agropecuario para el cual trabajaba Rival, entre otros testigos. Finalmente, el fiscal de juicio Lucas Domsky concluyó que no había podido acreditarse que Matías hubiera sido quien sustrajo el ternero y retiró la acusación. Esta vez no fue solamente la defensa la que sostuvo que faltaban pruebas: fue el propio Ministerio Público el que decidió no acusarlo por el robo.
El juez Lucas Massaccesi, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de La Plata, absolvió entonces a Rival. Pero durante aquel mismo debate apareció el giro que explica el conflicto actual: la Fiscalía entendió que las pruebas producidas podían justificar nuevas investigaciones. La absolución cerró la acusación contra Matías como autor del abigeato, pero no cerró toda la historia de Bigotito.
La nueva hipótesis coloca a Martín Rival en el centro. Él declaró que había encontrado al ternero en una zanja y que posteriormente lo trasladó primero a una vivienda y luego al campo donde trabajaba su hermano para que fuera criado. La Fiscalía considera que corresponde investigar su eventual responsabilidad en la sustracción. El hombre cuya versión había formado parte de la defensa terminó convertido en nuevo imputado dentro de la misma historia.
Y Matías volvió a quedar bajo investigación, aunque ya no por exactamente la misma imputación de la que fue absuelto. Según la denuncia presentada por sus abogados, ahora se pretende investigarlo como presunto encubridor, mientras Martín aparece señalado por el supuesto abigeato. Después de una condena anulada y una absolución, Matías volvió a recibir una citación como imputado por otro encuadre penal derivado del caso Bigotito.
Ese detalle es jurídicamente fundamental. No corresponde afirmar sin más que la Fiscalía “lo está juzgando otra vez por aquello de lo que fue absuelto”: la nueva imputación informada es diferente y habrá que determinar judicialmente si resulta jurídicamente procedente y si existen elementos que la sustenten. La defensa sostiene que existe una persecución; esa es una acusación de los abogados, no un hecho judicialmente establecido.
Según la presentación de Fernández Camillo y Sánchez Peralta, Albisu citó a los dos hermanos a declarar bajo el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense. Se trata de la convocatoria utilizada cuando existen motivos suficientes para sospechar que una persona participó en un delito y debe ser oída como imputada antes de determinadas decisiones procesales. Los Rival no fueron convocados como simples testigos: la nueva investigación los vuelve a colocar formalmente frente a una imputación penal.
La defensa sostiene además que las citaciones fueron impulsadas para evitar la prescripción de la causa y habla de “espíritu de cuerpo” dentro del sistema judicial. Son afirmaciones incluidas en su presentación y deberán ser evaluadas por los organismos correspondientes. Lo comprobable por ahora es la existencia de las nuevas imputaciones; la supuesta motivación detrás de ellas pertenece a la denuncia de los abogados.
Y ahí Bigotito deja de ser solamente un expediente de abigeato. La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento decidió acumular la nueva denuncia de los abogados, identificada como SJ 805/26, al expediente donde ya se encontraban otras tres actuaciones contra Albisu: SJ 641/22 —Gramigna—, SJ 651/23 —Barbosa— y SJ 660/23 —Asociación Judicial Bonaerense—. El caso del ternero terminó incorporándose así a un proceso institucional mucho más amplio sobre la actuación de la fiscal de Brandsen.
Las denuncias anteriores no surgieron de Bigotito. Ya en 2023 se había solicitado el inicio de un jury contra Albisu en un expediente relacionado con acusaciones de violencia laboral por razones de género y abuso de autoridad. El fiscal Gonzalo Petit Bosnic sostuvo entonces que existían elementos para remitir aquella investigación a los organismos correspondientes. Bigotito no creó el conflicto alrededor de Albisu: llegó a un expediente de enjuiciamiento que ya tenía historia propia.
La Asociación Judicial Bonaerense también impulsó públicamente actuaciones contra la fiscal. En diciembre de 2023 amplió una denuncia por presunta violencia laboral y de género y reclamó su apartamiento; en abril de 2024 informó que se había constituido el jurado y volvió a solicitar una medida de apartamiento mientras se resolvía su situación. Son denuncias y planteos institucionales en trámite, no una declaración de responsabilidad contra Albisu.
Albisu, además, ha rechazado previamente acusaciones formuladas en su contra. Ante otra denuncia presentada en 2023, su abogado defensor Darío Saldaño dio públicamente su versión de los acontecimientos y defendió la actuación de la fiscal. La existencia de varios expedientes acumulados aumenta el volumen institucional del caso, pero no reemplaza la decisión que deberá adoptar el órgano de enjuiciamiento.
El expediente Bigotito abrió además otros frentes. La defensa informó que promovió actuaciones por presuntos falsos testimonios prestados durante el juicio y cuestionamientos disciplinarios contra funcionarios judiciales que participaron de distintas etapas del proceso. Ya no existe una sola causa por un ternero: alrededor del expediente original comenzó a crecer una constelación de investigaciones, denuncias y reclamos cruzados.
Matías también reclama una reparación por el tiempo que permaneció privado de su libertad. Después de la absolución, sus abogados recurrieron para buscar una compensación económica por los daños que atribuyen a los 13 meses de detención y también plantearon una nueva regulación de honorarios. La absolución cerró una acusación penal, pero abrió la discusión sobre quién responde por las consecuencias de aquella condena posteriormente anulada.
El contraste es difícil de ignorar. En junio, el Ministerio Público dijo ante un tribunal que no podía acreditar que Matías hubiera sustraído a Bigotito y pidió su absolución. Meses después, el mismo episodio continúa produciendo imputaciones, aunque bajo hipótesis diferentes, mientras una nueva denuncia contra Albisu ya fue incorporada al jury. El ternero apareció hace años; lo que todavía no encuentra final es el expediente.
