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La investigación por el intento de robo ocurrido la semana pasada en la vivienda del exgobernador bonaerense y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, continúa avanzando con nuevas medidas de prueba y un escenario que despierta múltiples interrogantes.
El principal acusado es Braian Oroná, de 36 años, un ex efectivo de la Policía Bonaerense que integró el equipo de custodia del exmandatario provincial hace once años y que actualmente permanece detenido por orden del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez.
De acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, Oroná habría conocido detalles internos de la propiedad ubicada en Villa La Ñata, entre ellos el lugar donde se guardaría dinero en efectivo. Esa información, creen los pesquisas, podría haber sido determinante para planificar el golpe comando frustrado ocurrido durante la madrugada del miércoles pasado, cuando cuatro delincuentes irrumpieron en el domicilio mientras Scioli se encontraba en el lugar.
Tras ser detenido, Oroná optó por no declarar ante el fiscal Iribarren.
En paralelo, los investigadores secuestraron su teléfono celular y el del segundo detenido, Santiago Grandicelli, cuyos contenidos serán sometidos a una pericia informática que podría aportar información decisiva para reconstruir la planificación del hecho y las comunicaciones mantenidas antes y después del intento de robo.
Los resultados de esa extracción de datos son esperados con expectativa por la fiscalía, que también trabaja para identificar a los otros dos sospechosos que participaron del asalto.
Grandicelli, empleado de YPF y conductor del Peugeot 207 utilizado durante el hecho, sí declaró ante la Justicia.
Sin embargo, no logró explicar por qué durante el allanamiento realizado en su vivienda de Ensenada los investigadores encontraron prendas de vestir que, presuntamente, habrían sido utilizadas durante el intento de robo, además de una llamativa máscara de payaso.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que ambos detenidos convivían en el mismo domicilio y que Oroná estaba autorizado para conducir el automóvil utilizado en el hecho mediante una cédula azul.
Mientras tanto, la investigación se concentra en identificar a los otros integrantes del grupo.
Una de las pistas más importantes surgió pocas horas después del intento de robo, cuando uno de los sospechosos habría ingresado a un centro náutico cercano a la vivienda de Scioli alrededor de las 3:40 de la madrugada para solicitar la clave del servicio de Wi-Fi.
Ahora los investigadores intentan recuperar registros técnicos del módem del establecimiento con el objetivo de detectar el dispositivo que se conectó y reconstruir sus movimientos.
La fiscalía también solicitó el legajo completo de Oroná para reconstruir su carrera dentro de la fuerza policial.
Los primeros informes indican que desarrolló gran parte de su trayectoria en la División Custodia y que dejó de percibir haberes del Ministerio de Seguridad bonaerense en diciembre del año pasado.
Según trascendió de fuentes judiciales, su salida de la fuerza se produjo luego de quedar involucrado en una causa por violencia de género.
A ese antecedente se suma otra situación que complica su panorama: los registros financieros muestran que mantiene deudas cercanas a los $4 millones con bancos y entidades crediticias, motivo por el cual figura con una categoría de alto riesgo financiero.
Mientras la fiscalía espera el resultado de las pericias sobre los teléfonos celulares y profundiza la reconstrucción del intento de robo, la situación procesal de Oroná aparece cada vez más comprometida.
Las próximas horas serán determinantes para establecer si el ex custodio efectivamente utilizó información obtenida durante su paso por la seguridad de Scioli para organizar el golpe y si existen más personas involucradas en la planificación del hecho.
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