El conflicto por el transporte en La Plata dejó de ser una discusión de escritorio y volvió a explotar en la calle. Apenas horas después de la movilización de taxistas que reclamó mayores controles, la Municipalidad de La Plata desplegó el jueves un operativo en inmediaciones de la Estación de Trenes y anunció el secuestro de 15 vehículos que realizaban viajes solicitados mediante Uber, DiDi y Cabify. El reclamo de los taxis tuvo una respuesta inmediata: los inspectores salieron a fiscalizar y las grúas empezaron a llevarse autos. Ahora la reacción llegó desde la otra vereda y los conductores de aplicaciones se movilizaron este viernes hacia el Palacio Municipal para exigir una regulación y poder trabajar.

La secuencia política resulta imposible de separar del operativo. El miércoles, taxistas platenses habían realizado cortes en puntos estratégicos, reducido el servicio y marchado hasta la Municipalidad bajo la consigna “Basta de transporte ilegal en La Plata”. Hubo concentraciones en la Estación, la Terminal, 7 y 50 y otros sectores del centro. Los representantes del sector reclamaron fiscalización sobre las aplicaciones y defendieron las exigencias que pesan sobre taxis habilitados. Veinticuatro horas después, el Municipio transformó aquel reclamo en controles concretos sobre los autos de plataforma.

El epicentro fue la Estación de Trenes, uno de los lugares que los taxistas habían señalado expresamente como punto crítico. Inspectores municipales comenzaron a detener vehículos y verificar si estaban prestando servicios mediante aplicaciones. La información oficial difundida por la Comuna sostuvo que las unidades retenidas se encontraban realizando viajes solicitados por plataformas y “no cumplían con la normativa vigente”, motivo por el cual fueron secuestradas y trasladadas. La discusión que durante años quedó atrapada entre ordenanzas, proyectos y protestas terminó materializada en una fila de autos inmovilizados.

Hay, sin embargo, una curiosidad numérica que merece ser aclarada. La información publicada por El Día detalló siete vehículos vinculados a Uber, seis a DiDi y uno a Cabify. Esa discriminación suma 14, aunque el balance oficial difundido habla de 15 unidades secuestradas. El total comunicado por la Municipalidad es quince, pero el desglose difundido públicamente deja un vehículo sin identificar por plataforma. Es una diferencia menor frente al conflicto general, pero PP no debería convertir una suma que no cierra en un dato invisible.

La avanzada municipal tampoco terminó en la Estación. Desde la Comuna anticiparon que los controles continuarán en diferentes puntos de la ciudad, mientras las zonas de terminales, hospitales y otros lugares de alta demanda aparecen dentro del radar de fiscalización. El mensaje para quienes trabajan con aplicaciones es que el procedimiento del jueves no fue presentado como una redada aislada, sino como parte de una intensificación de los controles. Esa decisión profundizó inmediatamente un conflicto laboral que ya tenía a los taxistas movilizados y ahora sacó también a la calle a los conductores de plataformas.

La respuesta de los choferes no tardó. La Asociación Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA) convocó para este viernes a una concentración frente a la Municipalidad y presentó una nota dirigida al intendente Julio Alak reclamando una reunión urgente. La organización pidió abrir una mesa institucional donde participen taxistas, conductores de aplicaciones y motociclistas vinculados con plataformas digitales. Después de los taxis, ahora son los choferes de apps quienes golpean la puerta del Municipio. Su planteo es que la fiscalización y los secuestros no resuelven un mercado que ya funciona masivamente en la ciudad.

Y la dimensión de ese mercado explica por qué el conflicto no puede resolverse solamente con una grúa. Estimaciones difundidas por representantes del sector calculan que en La Plata podrían trabajar entre 10.000 y 15.000 conductores mediante aplicaciones, frente a alrededor de 1.500 taxis actualmente en circulación. Son números provenientes del propio sector y no de un censo municipal independiente, pero muestran la escala que las plataformas aseguran haber alcanzado. Si esa estimación se aproxima a la realidad, la discusión ya no involucra a un puñado de Uber clandestinos sino a miles de personas que hicieron de las aplicaciones una fuente de ingresos.

ACCAURA intenta precisamente instalar esa contradicción. En la presentación enviada a la Municipalidad sostuvo que no busca la desaparición de los taxis y rechazó que la salida consista en enfrentar trabajadores contra trabajadores. Su reclamo es avanzar hacia reglas específicas para las plataformas. “No estamos planteando que una actividad deba desaparecer para que otra pueda existir”, expresó la entidad. El planteo corre el eje: los taxistas exigen cumplimiento de las condiciones existentes; los conductores de aplicaciones reclaman modificar el marco para poder incorporarse formalmente.

Los taxistas, por su parte, vienen sosteniendo exactamente la posición contraria sobre el punto de partida. Para sus organizaciones, las aplicaciones generan competencia desleal porque sus conductores no están sometidos al mismo régimen de habilitaciones, controles y obligaciones que el servicio tradicional. Esa caracterización pertenece al sector taxista y no debe confundirse con una sentencia judicial sobre cada viaje realizado mediante plataformas. El corazón de la pelea está ahí: unos reclaman que se haga cumplir el esquema vigente y otros exigen cambiarlo porque aseguran que la realidad tecnológica ya lo dejó atrás.

El Municipio quedó ahora en el medio de dos presiones que marchan en direcciones opuestas. Primero recibió a los taxistas y se comprometió a intensificar fiscalizaciones. Después ejecutó el operativo y secuestró 15 vehículos. Inmediatamente recibió el reclamo de quienes trabajan con las aplicaciones y exigen ser incorporados a una mesa regulatoria. Alak tiene sobre el escritorio un problema que ya no admite la comodidad de mirar hacia otro lado: taxis y plataformas conviven todos los días aunque jurídicamente no lo hagan bajo las mismas reglas.

La Estación de Trenes terminó funcionando como fotografía perfecta del problema. En el mismo lugar donde miles de pasajeros abren diariamente sus teléfonos para pedir un vehículo, los inspectores municipales controlaron autos, colocaron fajas y dispusieron secuestros. Hubo momentos de tensión y conductores de aplicaciones denunciaron además incidentes durante el procedimiento. La tecnología creó en pocos años un sistema de transporte de hecho; la regulación municipal todavía intenta decidir cómo convivir con él. Esa distancia entre el teléfono del usuario y la ordenanza es justamente el terreno donde creció la guerra entre taxis y apps.

Ahora el conflicto entró en una etapa más incómoda. Si el Municipio mantiene los operativos prometidos, habrá nuevos controles sobre conductores de plataformas; si abre una negociación regulatoria, deberá definir condiciones, habilitaciones y exigencias capaces de responder también al reclamo taxista. Secuestrar quince autos fue sencillo comparado con lo que viene: decidir qué sistema de transporte quiere La Plata. Porque detrás de Uber, DiDi, Cabify y los taxis hay miles de trabajadores; y detrás de todos ellos, cientos de miles de usuarios que ya eligieron distintas formas de moverse por la ciudad.

Lo que tenés que saber sobre el conflicto entre taxis y aplicaciones La Municipalidad informó el secuestro de 15 vehículos durante un operativo realizado el jueves en inmediaciones de la Estación de Trenes. La fiscalización ocurrió un día después de la movilización de taxistas que reclamó mayores controles sobre Uber, DiDi y Cabify. La Comuna sostuvo que los vehículos retenidos realizaban viajes mediante plataformas y no cumplían la normativa vigente. En respuesta, ACCAURA convocó a los conductores de aplicaciones y pidió a la administración de Julio Alak una mesa de diálogo para discutir un marco regulatorio.