El Control de Admisión y Permanencia de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) se declaró en estado de alerta y movilización en Junín debido a múltiples irregularidades laborales en establecimientos nocturnos de ese municipio.

Estas acciones gremiales se originan tras inspecciones llevadas a cabo a principios de mayo por la Agencia Territorial de Trabajo, donde se habrían detectado condiciones laborales que violan la normativa vigente, tal como reveló Data Gremial.

En dos conocidos locales bailables de Junín, como lo son Buda y Valhalla, las inspecciones revelaron la presencia de trabajadores en negro, según denunció UPSRA CAP que vela por los derechos de los empleados de seguridad. En total se confirmó que había 10 trabando en negro en Buda y 3 en el segundo.

Estas irregularidades incluyen la contratación de personal en condición de empleador sin estar inscriptos en el Registro de Control de Admisión y Permanencia (RECAP), una exigencia estipulada por la Ley Nacional de Seguridad de Espectáculos Públicos (Ley 26.370) y su adhesión en la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley 13.964. Además, algunos trabajadores fueron encuadrados bajo convenios colectivos de otras actividades, como los gastronómicos y los de UTEDyC, que no corresponden a la tarea de seguridad y representan condiciones laborales más precarias.

En el caso de Buda, cuyo dueño es el empresario Juan San Miguel, además como ya reveló este portal, todos trabajadores -según UPSRA CAP- se encontraban presuntamente bajo la coordinación directa de Marcela D’Ortona, identificada como delegada de SUTCAPRA.

Además de cuestionar la legalidad de su rol, denunció que SUTCAPRA no posee personería gremial en Junín, por lo que sus representantes no podrían intervenir sindicalmente en la zona. “No puede actuar como sindicato donde no tiene personería. Es doblemente grave: una delegada que ni siquiera tiene facultades legales en Junín y que además emplea trabajadores en condiciones irregulares”, señalaron desde el sector.

El delegado normalizador de la rama CAP, Miguel Tobar, anunció que las irregularidades llevaron al sindicato a planificar acciones directas en los próximos fines de semana en los boliches involucrados.

El dirigente denunció que los empleadores implicados no solo no habrían cumplido con las normas de registro y contratación, sino que habrían adoptado prácticas que recuerdan a la figura del “patrón de estancia” previo a la conquista de los derechos laborales en Argentina.

“La informalidad y el encuadre erróneo de los trabajadores son una burla a las leyes laborales vigentes y un retroceso en los derechos conquistados. Si no se registran como empleadores en el RECAP, deben contratar empresas de seguridad habilitadas, y esto no se está cumpliendo”, añadió Alejandro Capalbo representante legal del sector.

El gremio confirmó que las acciones sindicales incluirán movilizaciones y visibilización en los boliches afectados, siguiendo precedentes como las intervenciones realizadas en Tropitango y otros boliches de Tigre. Estas medidas buscan presionar para que se regularice la situación de los trabajadores y se respeten las normativas vigentes.