La mañana del viernes volvió a mostrar una postal que La Plata conoce demasiado bien. Columnas de cooperativistas avanzando hacia el Palacio Municipal, bombos, banderas, neumáticos apilados sobre el asfalto y una tensión que fue creciendo minuto a minuto hasta desembocar en incidentes frente a la sede comunal.
El reclamo terminó con cubiertas incendiadas, vidrios destruidos y un fuerte operativo policial. La protesta se desarrolló sobre la calle 12 entre 51 y 53, donde el tránsito quedó completamente interrumpido mientras una densa columna de humo negro cubría buena parte del centro administrativo de la ciudad.
Detrás de las escenas de violencia existe un conflicto que comenzó hace varias semanas y que tiene como eje la decisión de la gestión del intendente Julio Alak de modificar el sistema de contratación para distintos servicios urbanos.
Las cooperativas sostienen que la nueva licitación pública dejará sin trabajo a cientos de personas que desde hace años realizan tareas de barrido, mantenimiento de zanjas, corte de césped y reciclado de residuos en distintos barrios platenses.
Los manifestantes aseguran que el Municipio incumplió compromisos asumidos durante las reuniones mantenidas en las últimas semanas.
Una de las voces que encabezó el reclamo fue Yoana Zapata, integrante de la Cooperativa Recicladores Unidos, quien explicó a Primera Página que la organización presta servicios desde hace una década.
"Hace 10 años trabajamos en La Plata, venimos de gestiones anteriores. Teníamos acuerdos con el Municipio para garantizar el servicio de recolección diferenciada y el procesamiento del material reciclado que juntan nuestros compañeros", sostuvo.
Según explicó, la preocupación surgió cuando recibieron la noticia de que esos convenios dejarían de renovarse.
"Nos dijeron que ya no van a firmar contrato ni hacer acuerdos con recicladores porque ya no les interesa. Por eso venimos a manifestarnos", afirmó.
La incertidumbre alcanza también a otras cooperativas dedicadas al mantenimiento urbano.
Desde las organizaciones señalaron que la preocupación excede al reciclado. Aseguran que también podrían quedar afuera quienes actualmente realizan tareas de limpieza, barrido y saneamiento de zanjas, actividades que durante años fueron ejecutadas mediante convenios directos con la Municipalidad.
En la rosca política local reconocen que el tema comenzó a generar ruido semanas atrás. Funcionarios municipales mantuvieron distintos encuentros con referentes cooperativistas intentando contener el conflicto, aunque las conversaciones nunca terminaron de disipar las dudas.
Los manifestantes sostienen que en esas reuniones recibieron garantías de continuidad laboral que, según afirman, hoy no encuentran reflejo en los pliegos licitatorios.
El punto más sensible pasa por el servicio de reciclado, que las organizaciones aseguran no figura dentro de la nueva contratación pública.
Ese dato alimentó el temor de decenas de trabajadores que dependen exclusivamente de esa actividad para sostener sus ingresos familiares.
Mientras tanto, desde el Palacio Municipal difundieron un comunicado intentando explicar las razones del cambio de esquema.
Según la administración de Julio Alak, la decisión no responde a una elección política sino a la obligación de adecuar las contrataciones a la Ley Orgánica de las Municipalidades y a observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
El Municipio sostiene que ya no puede contratar cooperativas de manera directa.
En ese sentido, las autoridades indicaron que la única herramienta administrativa posible es la licitación pública para garantizar transparencia y cumplir con la normativa vigente.
Además recordaron que este viernes vencía el plazo para la compra de los pliegos correspondientes al nuevo proceso licitatorio.
Sin embargo, esa explicación no logró calmar los ánimos.
Las organizaciones aseguran que, además del cambio de modalidad, funcionarios municipales les habrían mencionado la posibilidad de reemplazar parte de las tareas por programas de asistencia social con ingresos cercanos a los 200 mil pesos mensuales.
Esa versión nunca fue confirmada oficialmente por la Municipalidad, aunque tampoco fue desmentida.
La falta de definiciones terminó alimentando un conflicto que hoy parece lejos de encontrar una salida.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a numerosas administraciones municipales de la provincia.
Durante años, muchas comunas encontraron en las cooperativas una herramienta para sostener servicios urbanos y, al mismo tiempo, generar empleo en sectores con mayores dificultades de inserción laboral.
Ahora, las exigencias de los organismos de control comenzaron a modificar ese esquema.
El interrogante pasa por encontrar un equilibrio entre la transparencia administrativa y la continuidad laboral de cientos de familias que dependen de esos contratos.
Mientras esa discusión continúa, el centro platense volvió a convertirse en escenario de una protesta que dejó daños materiales y un fuerte mensaje político.
Porque detrás de los vidrios rotos y del humo de las cubiertas incendiadas aparece una pregunta que todavía nadie respondió con claridad: qué ocurrirá con las cooperativas cuando concluya definitivamente el proceso licitatorio impulsado por la Municipalidad de La Plata.
