China tras el oro blanco argentino: el litio
Así lo consignó el sitio de periodismo de investigación https://www.elarchivo.com/investigaciones/china-el-oro-blanco-argentino-el-litio-n5326621
El litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados del siglo XXI, entre ellos por las grandes potencias: Estados Unidos y China. Este metal alcalino, liviano y conductor, es esencial para la fabricación de baterías de autos eléctricos y el almacenamiento de energías renovables, pilares de la anhelada transición energética global. En este nuevo escenario, Argentina ocupa un lugar estratégico: forma parte del "triángulo del litio", junto con Bolivia y Chile, región que concentra más del 58% de los recursos mundiales del mineral. De ese triángulo, la Puna argentina alberga uno de los proyectos más ambiciosos: el Salar de Cauchari-Olaroz, en Jujuy.
Allí opera EXAR, una empresa de capitales de China, canadienses y estatales argentinos, que ya produce 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, con una vida útil proyectada de 40 años. La inversión inicial superó los 970 millones de dólares, y más del 60% de sus trabajadores son de Jujuy. Según su propio discurso institucional, EXAR promueve una minería "responsable", alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y adhiere a programas de buenas prácticas ambientales y sociales.
Sin embargo, detrás de esta fachada de sostenibilidad, se esconden profundas contradicciones, múltiples denuncias y un modelo extractivo que pone en jaque a las comunidades indígenas y a los ecosistemas altoandinos.
El proyecto Cauchari-Olaroz se encuentra en el departamento de Susques, al oeste de la provincia de Jujuy, en plena puna altoandina. Forma parte del Triángulo del Litio —junto a regiones de Chile y Bolivia— que concentra más del 58% de las reservas mundiales de este mineral. Dentro de Argentina, se lo considera uno de los yacimientos más prometedores, con recursos estimados en más de 24 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente.
La zona está ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, dentro de una cuenca cerrada donde históricamente se formaron salares por la evaporación de agua en condiciones áridas. Desde el punto de vista geológico, el salar de Cauchari se asienta sobre una antigua cuenca sedimentaria de origen precámbrico, modelada posteriormente por movimientos tectónicos andinos que dieron lugar a fracturas y levantamientos. Estas formaciones geológicas permitieron el almacenamiento de salmueras subterráneas ricas en litio, potasio y otros minerales.
El funcionamiento hidrogeológico del salar es complejo. La cuenca recibe agua superficial y subterránea de las montañas circundantes. El agua se filtra a través del suelo, disolviendo sales en su recorrido. Luego, se acumula en el centro de la cuenca formando una salmuera altamente concentrada. Se trata de un sistema convectivo cerrado, donde el agua más densa (por la concentración de sales) desciende al centro del salar mientras que el agua menos densa asciende por los bordes, generando una dinámica circular.
Esta celda convectiva es extremadamente sensible a cualquier alteración, y su equilibrio puede romperse si se extrae más salmuera de la que el sistema puede reponer naturalmente. Además, muchos de estos salares están superpuestos con humedales altoandinos —como vegas, lagunas y bofedales— que actúan como reservorios de agua dulce y sustentan una rica biodiversidad. La zona ha sido reconocida como hábitat de especies protegidas como la vicuña, el suri cordillerano y varias especies de chinchilla.
Aunque desde 1981 el área de Cauchari-Olaroz fue declarada reserva provincial para la conservación de fauna autóctona, la presión minera ha puesto en duda su verdadero estatus de protección. Hoy, el mismo subsuelo que guarda estos ecosistemas únicos es perforado a cientos de metros de profundidad para extraer la salmuera con litio, dando lugar a un nuevo frente de conflicto entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental y cultural.
El proceso de obtención del litio en los salares del norte argentino implica perforar el subsuelo para extraer salmuera rica en litio y otros minerales. Luego, esta salmuera se almacena en gigantescos piletones para que el agua se evapore y deje el litio concentrado. Este método tradicional, conocido como evaporación solar, puede tardar entre 12 y 18 meses y requiere enormes volúmenes de agua.
En el caso de Cauchari-Olaroz, también se está desarrollando una nueva técnica físico-química que acelera el proceso a menos de 8 horas y permite una mayor recuperación del litio. Aunque esta tecnología se presenta como más eficiente y amigable con el ambiente, aún está lejos de reemplazar completamente el método evaporativo, que sigue siendo el más extendido.
Las consecuencias de esta explotación no son menores. En una región extremadamente árida, donde las lluvias son escasas y los ecosistemas frágiles, la extracción intensiva de agua salada altera los ciclos hídricos, saliniza fuentes de agua dulce y pone en riesgo los humedales altoandinos, fundamentales para la biodiversidad local y la supervivencia de las comunidades.
Una estimación reciente calculó que se necesitan alrededor de 584.000 litros de agua por cada tonelada de litio extraído. En otras palabras, la fiebre del oro blanco avanza al ritmo del vaciamiento de las reservas hídricas de la Puna.
Las comunidades indígenas de Jujuy vienen denunciando desde hace más de una década los impactos de la minería del litio en sus territorios ancestrales. La mayoría de los salares están dentro de tierras reconocidas constitucionalmente como propiedad comunitaria de los pueblos originarios, pero eso no ha impedido que los proyectos avancen sin cumplir los estándares internacionales de consulta previa, libre e informada.
Organizaciones como el Colectivo Apacheta y comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc exigen que se respete su derecho a decidir sobre el uso de sus territorios. Denuncian que las consultas realizadas por el gobierno provincial fueron meramente formales, sin participación real, y que las decisiones se tomaron a espaldas de los habitantes de la región. "Nos dicen que es energía limpia, pero para nosotros significa menos agua, menos animales y menos vida", expresan desde las comunidades. Su rechazo no es solo ambiental, sino también cultural y económico: la minería amenaza con desplazar modos de vida ancestrales basados en la agricultura, la ganadería y la recolección de sal.
En Argentina, la regulación del litio está incluida en el marco general de la legislación minera, diseñado en los años noventa con una lógica liberal que prioriza la atracción de inversiones. Las provincias son las propietarias del recurso, pero la ley nacional de inversiones mineras limita las regalías que pueden cobrar a un 3%. Esto, sumado a beneficios fiscales y estabilidad tributaria por 30 años, hace del país un paraíso para los capitales extranjeros.
Jujuy, además, participa como socia en los proyectos a través de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), con una participación minoritaria que le permite avalar las explotaciones sin mucho poder de decisión. Esta situación genera un doble conflicto de intereses: el Estado provincial es a la vez promotor, socio y regulador de la actividad minera.
Especialistas advierten que los estudios de impacto ambiental, obligatorios por ley, no son suficientemente rigurosos ni actualizados, y que no existe una evaluación del impacto acumulativo de los múltiples proyectos en curso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó recientemente a las provincias de Jujuy y Salta brindar información detallada sobre las autorizaciones y estudios realizados, reconociendo que el marco de control actual es insuficiente.
La presencia china en la minería del litio no es casual. El gigante asiático lidera la fabricación de baterías de vehículos eléctricos a nivel mundial, y aunque produce parte del litio que necesita, no alcanza a cubrir su demanda interna. Por eso, desde hace años, sus empresas estatales y privadas han avanzado en la adquisición de minas y participación accionaria en proyectos de todo el mundo, especialmente en América del Sur y África.
En Argentina, compañías como Ganfeng Lithium, Zijin Mining Group y Tsingshan Holding Group controlan o participan en varios proyectos en Jujuy, Salta y Catamarca. En 2023, China fue el principal destino de las exportaciones de litio del país, concentrando el 38% del total. A su vez, es el origen de más del 50% de las inversiones en minería.
Los acuerdos de financiamiento suelen incluir la condición de que el litio extraído se exporte a China, lo que limita la posibilidad de desarrollar una industria local de valor agregado. En palabras de un experto en economía minera, “seguimos exportando materia prima barata y comprando tecnología cara”.
El litio es presentado como el motor de una transición energética verde, destinada a combatir el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, el modo en que se está extrayendo en el norte argentino contradice buena parte de estos objetivos. Como advierten especialistas en políticas ambientales, “no se puede hablar de energía limpia si se basa en métodos extractivos que generan pasivos ambientales, consumen agua escasa y desplazan comunidades”. Desde la academia y la sociedad civil, se reclama una transición justa, que incluya a los territorios donde se extrae el litio, respete los derechos humanos y promueva una industrialización sustentable.
Existen alternativas. Científicos del Conicet y universidades públicas están desarrollando métodos de extracción directa que reducen el uso de agua y minimizan el impacto ambiental. Pero estas tecnologías aún no se aplican a escala industrial, en parte por falta de inversión estatal y por el dominio de las grandes multinacionales sobre el proceso productivo.
Mientras las baterías de litio prometen alimentar el mundo del mañana, hoy ese mismo litio se extrae en condiciones que reproducen desigualdades, deterioran ecosistemas únicos y refuerzan la dependencia económica. Los salares de Jujuy, Salta y Catamarca no solo concentran riqueza mineral, sino también saberes ancestrales y formas de vida que están siendo puestas en riesgo. Como dicen las comunidades: “No nos oponemos al desarrollo, pero queremos decidir cómo y con qué condiciones”.
