El avance de la investigación sobre el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma expone la dimensión de una crisis que combina fallas sanitarias, responsabilidades empresariales y omisiones de control estatal.

El primer informe del Cuerpo Médico Forense, de 28 páginas y entregado al Juzgado Federal N° 3 a cargo de Ernesto Kreplak, analizó veinte historias clínicas vinculadas al caso. El resultado fue contundente: en doce muertes se halló un “nexo concausal” entre la infección bacteriana y el fallecimiento de los pacientes. En otras palabras, las bacterias detectadas en las ampollas de fentanilo no fueron la causa única de la muerte, pero sí agravaron de manera decisiva cuadros clínicos previos.

El dato más alarmante para la región es que ocho de esos doce casos ocurrieron en el Hospital Italiano de La Plata, lo que convierte a la ciudad en uno de los focos más críticos de la tragedia. Entre los nombres de las víctimas se encuentran Néstor Gabriel Carri, Luis Eduardo Zabala, Celia Noemí Hernández, Luis Miguel Martínez, Héctor Alfredo Padín, Ludmila Angélica Paz, Stella Maris Saddemi y Renato Nicolini.

Un noveno caso, el de Silvina Paola Stella, fue catalogado como de “nexo causal fortuito”, dado que la infección coexistía con otras condiciones graves que por sí mismas podían provocar el desenlace fatal.

El impacto del brote trasciende a La Plata: de los veinte casos estudiados, también se registraron muertes en Rosario, Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto Malbrán había detectado previamente la presencia de Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae en los lotes contaminados, lo que refuerza el peso probatorio de las pericias judiciales.

Actualmente, se investigan cerca de 150 muertes en todo el país posiblemente relacionadas con este medicamento adulterado, mientras la Justicia avanza sobre responsabilidades que involucran tanto a los laboratorios como a los organismos de control sanitario, entre ellos la ANMAT.

Más allá de las cifras, el caso abre un debate profundo sobre la seguridad en la producción de medicamentos críticos, la responsabilidad de las farmacéuticas y la eficacia del sistema de control estatal, cuyo rol resultará clave para evitar que tragedias de esta magnitud vuelvan a repetirse