El nuevo Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, denunció públicamente que unos 82.000 casos de narcotráfico están "parados" debido a la inacción de los fiscales, generando una polémica en el ámbito judicial. Alonso aseguró que menos del 10% de estas causas se resuelven y que los allanamientos enfrentan demoras de hasta cuatro meses por autorizaciones frenadas.
Estas declaraciones llegan en un momento de aumento de homicidios en la provincia, poniendo al gobierno de la Provincia bajo escrutinio por su gestión en materia de seguridad, que anteriormente había logrado reducir los índices delictivos.
La Asociación Civil de Agentes Fiscales de la Provincia de Buenos Aires respondió a las acusaciones de Alonso, rechazando las críticas por infundadas y llamando a denunciar cualquier irregularidad. Además, presentaron una denuncia penal para esclarecer las afirmaciones del Ministro.
El problema de las vacantes en la Justicia también salió a la luz, con alrededor de 702 cargos vacantes en el Poder Judicial bonaerense, incluyendo una 25% de fiscalías sin cubrir. Esto podría explicar las demoras en el procesamiento de casos señaladas por el Ministro Alonso, con la burocracia en la Legislatura obstaculizando la cobertura de estos puestos.
