En los últimos años, la falta de transparencia y de auditorías regulares en las universidades públicas argentinas ha generado una creciente preocupación sobre el uso adecuado de los fondos públicos. Durante el período kirchnerista, las universidades fueron objeto de diversas denuncias de malversación de fondos, sobrefacturación, y convenios poco claros, que no siempre fueron investigados a fondo. A esto se suma la resistencia de las propias instituciones a someterse a controles externos, apelando a la autonomía universitaria como defensa frente a cualquier intento de auditoría externa más rigurosa.
En la actualidad, este conflicto se ha intensificado con el gobierno de Javier Milei, quien ha priorizado la revisión del financiamiento de las universidades públicas, sosteniendo que muchas de ellas han administrado sus presupuestos de manera ineficiente y, en algunos casos, irregular. Según Milei, los fondos públicos destinados a las universidades no se están utilizando de manera razonable, lo que ha provocado que el gobierno ponga en marcha planes para auditar más de 300 convenios firmados por estas instituciones.
El gobierno argentino destina un promedio de USD 3,000 por estudiante universitario al año, una inversión significativa en comparación con otros países de la región. A pesar de esto, la falta de mecanismos de control ha dificultado la evaluación precisa del uso de estos fondos. Las auditorías han revelado irregularidades en facultades clave, como Medicina y Psicología de la UBA, lo que subraya la necesidad de implementar reformas urgentes para garantizar una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Sin una supervisión adecuada, es difícil asegurar que los fondos asignados se utilicen para mejorar la calidad educativa y no se pierdan en ineficiencias administrativas.
Un dato relevante que refuerza la preocupación sobre la falta de auditorías en las universidades públicas argentinas es que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), únicamente una de las facultades de la UBA ha sido auditada en los últimos 10 años. Esto demuestra una clara ausencia de controles en una de las instituciones más grandes del país, lo que permite que grandes sumas de dinero se manejen sin una supervisión efectiva. A nivel general, se estima que cerca del 70% de los fondos asignados a universidades públicas carece de auditorías internas o externas regulares, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia en la administración de los recursos destinados a la educación.
Un aspecto crucial del desvío de fondos durante el kirchnerismo fue el uso de convenios con universidades nacionales para financiar producciones audiovisuales con fines políticos. Uno de los casos más notorios es el de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que canalizó millones de pesos para la creación de series y películas de carácter político. Entre las más destacadas se encuentran la miniserie "Mamá Corazón", protagonizada por Andrea del Boca, que recibió 25,6 millones de pesos, y otros proyectos como "El Pacto", una versión televisiva del informe de Guillermo Moreno sobre Papel Prensa, financiada con 4,5 millones de pesos. Estas producciones, a menudo ligadas a figuras cercanas al kirchnerismo, fueron un ejemplo del uso discrecional de los recursos públicos a través de las universidades.
La ausencia de auditorías exhaustivas ha generado un ambiente de desconfianza hacia las universidades públicas, alimentando las tensiones con el gobierno de Javier Milei, que busca realizar reformas estructurales en el sector. Las universidades han mostrado resistencia a estas medidas, argumentando que los recortes presupuestarios propuestos por el Ejecutivo afectarían gravemente su funcionamiento. Sin embargo, desde el gobierno se ha enfatizado que, sin auditorías que aseguren un uso adecuado de los fondos, es difícil justificar los aumentos de presupuesto que las universidades están reclamando.
En las últimas décadas, muchas universidades han sido criticadas por sus vínculos con el poder político y la falta de transparencia en el manejo de fondos, especialmente durante el kirchnerismo, cuando el control sobre los recursos y los convenios firmados fue laxo y poco auditado. La AGN ha señalado que no ha habido auditorías significativas sobre estos acuerdos y que las evaluaciones que se realizan, como en el caso de la UBA, suelen estar enfocadas en ejercicios de años anteriores, sin un control en tiempo real.
En este contexto, la implementación de la norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno se presenta como una solución efectiva para mejorar la transparencia y prevenir la corrupción dentro de las universidades públicas. Este estándar internacional ayuda a establecer mecanismos sólidos para prevenir, detectar y gestionar el soborno, asegurando que los fondos destinados a la educación se utilicen de manera ética y responsable.
La adopción de ISO 37001 no solo permitiría realizar auditorías internas más rigurosas, sino que también podría integrar procesos de auditoría externa de manera regular, reduciendo la opacidad en la gestión financiera de las universidades. Esto permitiría generar confianza tanto en la comunidad educativa como en la sociedad, que reclama mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
La implementación de auditorías más exhaustivas, junto con la adopción de la norma ISO 37001, puede marcar un cambio significativo en la gestión universitaria en Argentina. Esto no solo permitiría un mejor control sobre el uso de los fondos, sino que también ayudaría a reducir las tensiones con el gobierno, demostrando que las universidades están comprometidas con una gestión transparente y eficiente de los recursos.
Este enfoque contribuiría a restaurar la confianza en las universidades públicas y permitiría que el gobierno continúe financiando estas instituciones con la certeza de que los fondos se están utilizando de manera responsable, garantizando una mejora en la calidad educativa y un uso más eficiente de los recursos.
Columna de Fernando Arrieta Director Regional de G-Certi Global Certification
