En una maniobra que promete elevar la temperatura de las calles platenses, el Gobierno Nacional confirmó un giro inesperado en la batalla legal por los fondos educativos. La Justicia decidió suspender una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, dejando la decisión final en manos de la Corte Suprema de Justicia.

La noticia, comunicada oficialmente por el Ministerio de Capital Humano, cae como un balde de agua fría en la antesala de lo que se espera sea una Marcha Federal Universitaria histórica. El recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo nacional apuntó directamente contra una resolución de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, dictada el pasado 31 de marzo.

"La medida implica que la cautelar quedará frenada hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso", detallaron desde la cartera que conduce la administración nacional. Este movimiento legal tiene un efecto suspensivo inmediato, lo que en la práctica significa que la aplicación de la ley queda en el "limbo" judicial.

El conflicto de fondo radica en la Ley N° 27.775, la cual fue promulgada mediante el Decreto 759/25. Sin embargo, desde la gestión nacional sostienen que su implementación es inviable debido a la falta de fuentes específicas de financiamiento. Mientras los pasillos de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) se llenan de asambleas y banderas, el Gobierno se mantiene firme en su postura de no ceder ante lo que consideran un ajuste presupuestario imposible de afrontar sin respaldo en las arcas.