La caja negra de Adorni | 15 mil millones en SMS y mails: el rol de los empresarios Ward y Bidone
En la nueva configuración del Estado argentino, la centralidad de Manuel Adorni ha trascendido la dialéctica de las conferencias de prensa, para consolidarse en el control operativo de áreas estratégicas.
Bajo el paraguas de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Comunicación y Medios, se ha gestado un ecosistema de contrataciones que, lejos de la austeridad pregonada, moviliza cifras astronómicas en moneda extranjera.
La investigación sobre los servicios de mensajería SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas revela un patrón de conducta que desafía las normativas de transparencia y libre competencia que tanto pregona Javier Milei.
El volumen de la operación es inaudito para un servicio cuya utilidad pública no ha sido debidamente fundamentada. A finales de 2025, se adjudicó a la firma ATX SA un contrato por 3.650.226.300 pesos, equivalentes a 2,5 millones de dólares.
Lo que a simple vista parece una licitación técnica para la interacción con el ciudadano, esconde un entramado de "empresas espejo" radicadas en un mismo punto geográfico, destinadas a simular una pluralidad de oferentes que, en la práctica, responden a un mismo centro de decisiones.
El epicentro de este esquema se sitúa en la calle Pedro Chutro 3135, en el barrio porteño de Parque Patricios. Allí, en la misma sede social, conviven las firmas ATX SA y Area Tech SA.
La relación no es meramente geográfica; es orgánica. Rubén Santiago Ward, presidente de ATX, registra una relación de jerarquía previa con Pablo Javier Casal, titular de Area Tech.
Casal trabajó bajo las órdenes de Ward hasta el año 2022 en la firma Lugalu SA, también radicada en la misma dirección.
La simulación de competencia alcanza ribetes escandalosos cuando se analiza a los intervinientes en las licitaciones:
Area Tech SA suele presentarse pero queda descalificada por "errores técnicos" (como la falta de garantía de oferta), allanando el camino para su socia.
Movilgate SRL, otra de las firmas recurrentes, comparte personal jerárquico. Rodrigo Páez Canosa, un filósofo que ejerce como director suplente en ATX, ha registrado pasos laborales por Area Tech, Lugalu y la propia Movilgate.
Este fenómeno de "puertas giratorias" y directivos cruzados sugiere una maniobra de cartelización del Estado, donde el precio de los servicios no surge del mercado, sino de un acuerdo previo entre partes que fingen ser rivales.
Uno de los puntos más críticos de la investigación reside en la naturaleza de los negocios de Rubén Santiago Ward. Además de su rol en la tecnología de comunicación, Ward es una figura central en el mundo de las financieras de deuda. A través de sus firmas Exi Group y 5OL, se especializa en la compra de deudas bancarias y comerciales en mora para ejecutar procesos de cobro agresivos.
Estas financieras acumulan denuncias por hostigamiento, amenazas y extorsión. El sistema de "apriete" incluye llamados incesantes a vecinos, familiares y empleadores de los deudores, muchas veces reclamando acreencias inexistentes o legalmente caducas.
Es aquí donde la contradicción política es total: el Gobierno nacional, mientras impulsa medidas de ajuste que fuerzan al endeudamiento de las familias, otorga millones de dólares a los mismos actores que luego proceden a hostigar a esos ciudadanos para cobrar deudas.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, hoy bajo la órbita de Adorni, ha acelerado procesos de contratación financiados con préstamos del Banco Mundial.
El 27 de enero de 2026 se abrieron los sobres para un nuevo servicio de 24 millones de SMS. En esta ocasión, la oferta ganadora fue de Movilgate por un total de 936.015 dólares. Lo curioso es el comportamiento de los precios: en la licitación anterior, ATX ofertó el SMS a 0,045 dólares; en este proceso, la misma prestación se cotizó a 0,076 dólares.
Pero el caso más burdo de duplicación societaria se observa en la licitación para "correos transaccionales". Allí, las dos ofertas principales fueron presentadas por Tsoft Informatica SAS y Tecnosoftware SA.
Ambas empresas pertenecen a la misma familia: Aníbal Juan, Laura Iris, Verónica Martha y Pablo Aníbal Bidone. Esta familia de empresarios compitió contra sí misma, utilizando dos razones sociales diferentes, para asegurarse un contrato de 857.944 dólares que terminarán pagando las futuras generaciones de argentinos a través del crédito externo.
El despliegue de estos más de 10 millones de dólares en servicios de mensajería (sumando licitaciones de análisis de datos y apoyo técnico por casi 6 millones adicionales) se produce en un contexto de desguace estructural.
Mientras se autorizan partidas millonarias para envíos masivos cuyo objetivo se desconoce, la misma Secretaría ejecuta el vaciamiento del sistema científico.
El contraste es letal para el desarrollo estratégico del país:
Se adjudican fondos internacionales a empresas sin antecedentes claros en la administración pública.
Se desmantela el Conicet y se pauperiza el salario de los investigadores.
Se destinan dólares de deuda para pagar a financieras de "apriete" por servicios de comunicación digital que podrían cubrirse con estructuras estatales ya existentes.
Manuel Adorni, quien alterna su gestión entre viajes a destinos internacionales y la firma de estos pliegos polémicos, aún no ha brindado explicaciones sobre la base de datos que se utiliza para estos 600 millones de correos y 36 millones de SMS anuales.
¿Quién controla la privacidad de esa información? ¿Cuál es el interés público de estas llamadas automatizadas? Son preguntas que el "vocero" devenido en gestor de cajas millonarias todavía evita responder.
Ampliaremos...
