En el corazón del sistema de salud pública argentina, se ha desatado un mecanismo de disciplinamiento que pone en tensión derechos laborales, política sanitaria y la gestión estatal. El interventor del Hospital Garrahan, designado recientemente, ha iniciado sumarios disciplinarios contra trabajadores que encabezaron el reclamo por un aumento salarial que finalmente se consiguió —y justo por eso hoy se encuentran del otro lado de la mesa.

Los  afectados son acusados de actos graves como “coacción” o “usurpación” por haber llevado adelante protestas en las instalaciones de la institución. Estos cargos, aplicados a empleados públicos que exigían mejoras salariales, envían una señal clara: NO EXISTE EL DERECHO A HUELGA EN ESTE GOBIERNO.

El conflicto se desarrolló así: después de meses de negociación infructuosa y medidas de fuerza, los trabajadores consiguieron que la gestión accediera a un incremento del 61 %. Pero lejos de cerrarse ahí, el alerta se encendió cuando la intervención del hospital decidió abrir los sumarios. La versión de los trabajadores: una represalia directa por reclamar. La versión oficial: la aplicación de una norma disciplinaria para restaurar “el orden” en el edificio.

La respuesta sindical no se hizo esperar. Confrontados, los trabajadores convocaron un cabildo abierto que reunirá sindicatos, organismos de derechos humanos y otros colectivos para debatir “los pasos a seguir frente a esta ofensiva”. Las sanciones aplicadas en un hospital público clave se inscriben en un marco más amplio de reformas laborales y previsionales que los trabajadores consideran una avanzada contra el sindicalismo estatal.

Mientras tanto, el hospital más reconocido del país vive un escenario donde la apariencia de victoria —el aumento conseguido— se ve ensombrecida por la amenaza de sanciones. Y los trabajadores, que habían logrado un triunfo salarial, hoy se encuentran con que ese triunfo puede tener un alto costo.