El Gobierno Nacional decidió blindar la seguridad en varios puntos sensibles del país, incluyendo aeropuertos, instituciones religiosas y culturales vinculadas con la comunidad judía y embajadas, luego del contundente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.

Este dictamen sentenció que los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah bajo un designio político y estratégico de la República Islámica de Irán.

Según una fuente del Ministerio de Seguridad, la decisión de reforzar la seguridad se tomó por protocolo y no en respuesta a amenazas concretas.

La ministra Patricia Bullrich mantuvo una reunión con su secretario Vicente Ventura Barreiro para abordar la posibilidad de potenciales ataques terroristas.

Entre las embajadas bajo especial atención se encuentran las de Estados Unidos e Israel.

El fallo de Casación Penal consideró el atentado a la AMIA como un crimen de lesa humanidad, abriendo la posibilidad para que Argentina inicie una demanda formal contra Irán.

El juez Carlos Mahiques, en una entrevista radial, destacó la importancia del fallo y el papel del ex fiscal Alberto Nisman en la investigación. Mahiques subrayó que Nisman continuó la línea de investigación que señalaba a Irán y Hezbollah como responsables de los ataques.

El juez explicó que los atentados tenían una motivación ideológica y religiosa, siendo Argentina elegida como blanco debido a sus vulnerabilidades en seguridad e inteligencia.

El fallo también insta a replantear el concepto de seguridad nacional para evitar futuros atentados en el territorio argentino.