En su discurso ante la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof realizó un extenso informe de gestión de las principales áreas de gobierno, pero no dejó de resaltar las dificultades que enfrenta la provincia a partir del desfinanciamiento al que la está sometiendo en particular el gobierno nacional, pero que no es nuevo y hunde sus raíces en la discriminación financiera, a la que nos vemos sometidos los bonaerenses por una injusta coparticipación federal.

Axel Kicillof, frente a diputados y senadores bonaerenses, indicó que el gobierno del Presidente Javier Milei “mantiene con la Provincia deudas directas por $2,5 billones, saldos pendientes por obra pública ya comprometida por $5,8 billones y una deuda estimada por la discontinuidad de programas nacionales en la Provincia por $1,1 billones adicionales. En total, el Gobierno Nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires $9,4 billones por estos conceptos, sin considerar el impacto de la recesión en la recaudación”.

El mandatario bonaerense resaltó que “por esos fondos, realizamos ya siete denuncias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es donde hay que litigar como provincia contra el Estado Nacional”.  Detalló que esas denuncian tienen que ver con el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Integral de Seguridad y por el Fondo Compensador de la Caja de Jubilaciones de la provincia (IPS).

Desde la década de los ’80 del siglo pasado, con la sanción de la Ley 23.578, que estableció un nuevo régimen distribución de recursos discales entre la nación y las provincias, PBA viene siendo claramente discriminada en función de su aporte a las arcas nacionales y la cantidad de población que reside en su territorio. Esto es: los bonaerenses somos los que más contribuimos a la torta nacional y los que menos recibimos si dividimos el monto que llega por habitante.

Esta situación fue subsanada en parte y transitoriamente el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que en su momento llegó a contar con recursos por unos 600 millones de dólares y que hoy, dado que no se actualizó, no supera los 650 millones de pesos, es decir unos 600 mil dólares.

Para revertir de manera institucional la injusticia tuvimos una gran oportunidad con la reforma constitucional de 1994. La Carta Magna contiene una cláusula transitoria que disponía aprobar, antes de 1996, una ley de Coparticipación Federal con “criterios objetivos de reparto”. Sin embargo, eso nunca ocurrió y, hoy por hoy, vamos para 29 años de incumplimiento del Congreso de la Nación sin que aparezca en el horizonte el mínimo atisbo de solución.

A su exposición en la Legislatura, Axel Kicillof le puso números: “Buenos Aires aporta el 40% de los recursos de este país. De esos recursos, una parte retiene el Gobierno Nacional y otra parte va al sistema de coparticipación. De lo que va al sistema de coparticipación, solamente cerca del 20% viene a la Provincia. Para decirlo de manera equiparable, aportamos el 40% de los recursos totales, recibimos el 7%”.

Es evidente que los gobiernos de turno, tanto a nivel provincial como municipal, tienen cada vez más responsabilidades de gestión y en paralelo cuentan con recursos cada vez más escasos para atender las demandas lógicas del crecimiento poblacional. Esto genera además, la necesidad de incrementar impuestos provinciales y tasas municipales para financiar el gasto público, restando recursos a la producción y a los ciudadanos bonaerenses.

Nuestra provincia ha sido históricamente una de las más desarrolladas de la Argentina, pero desde hace décadas padece un proceso de declinación junto al conjunto del país, que indudablemente tiene que ver, entre otras cosas, con la discriminación en la Coparticipación, que repercute en la seguridad, la educación, la salud y la infraestructura.

Axel Kicillof formuló una apelación a los legisladores que lo escuchaban. “Tenemos que defender a los bonaerenses. Más allá de las diferencias entre nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para defender a la Provincia de Buenos Aires. Le pido a toda esta legislatura que me acompañe enérgicamente en el reclamo de los fondos y recursos que el Gobierno Nacional” subrayó.

¿Será ilusorio imaginar un Estado nacional y estados provinciales dispuestos a repensar un país a partir de una distribución más justa de los recursos que compense la cargas y atienda las necesidades de todos los argentinos? Las grandes crisis ofrecen grandes oportunidades.

Por Antonio Arcuri

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación  Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.