Tras la publicación del decreto 2468 el mes pasado, que limita la oferta de servicios sexuales a la zona de avenida 122 y 52 en La Plata, diversas organizaciones defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales han presentado un pedido de nulidad transitoria para revocar la resolución. Consideran que esta medida es "represiva" y "arbitraria" y temen que pueda resultar en multas y sanciones para el colectivo travesti-trans, similar a lo que sucedió en el pasado con edictos policiales.

El Frente de Organizaciones TLBI de La Plata, Berisso y Ensenada, junto con otras organizaciones como la Zona Queer La Plata, Otrans Argentina y la Comisión por la Memoria, han impulsado esta acción legal y afirman que seguirán utilizando todos los recursos disponibles para detener la implementación de esta medida municipal. Argumentan que la regulación del trabajo sexual se está realizando sin el consentimiento de las personas que lo ejercen y que se está imponiendo una zona específica para su práctica, lo que podría resultar en multas para quienes operen fuera de ese espacio.

La reacción de las organizaciones ha generado controversia en la comunidad, especialmente en el barrio El Mondongo, donde se encuentra la nueva zona designada para la práctica del trabajo sexual. La asamblea vecinal de este barrio ha expresado su indignación, afirmando que esta medida no cuenta con justificación y que no se han presentado propuestas alternativas. Argumentan que la zona roja ha sido un foco de problemas como la venta de drogas y la prostitución callejera, y que han recogido más de 15,000 firmas en apoyo al traslado de esta zona.

El traslado de la Zona Roja fue una medida establecida por el nuevo Código de Convivencia aprobado en 2021, que requería que esta actividad se realizara en un lugar no residencial y sancionaba "conductas callejeras" como la oferta de sexo en lugares no permitidos. Después de un largo proceso, el municipio emitió un decreto para designar un nuevo espacio en la avenida 122 y 52. Además, se instruyó a la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género para abordar integralmente la temática, incluyendo aspectos de asistencia social, empleo, formación laboral y salud. Esta situación continúa generando debate en la comunidad.