Por años, la irrupción de Uber, DiDi y Cabify fue vista por el sector taxista como una invasión que ponía en jaque el empleo, la regulación y la lógica comercial del servicio tradicional. Sin embargo, el avance legislativo que busca finalmente regular estas plataformas abrió un escenario inesperado: el gremio taxista celebró la iniciativa.

No se trata de un cambio de postura ingenuo, sino de una lectura estratégica de supervivencia. El nuevo proyecto, respaldado por Unión por la Patria, plantea obligaciones para las plataformas similares a las que ya cargan los taxis: tributar, registrarse, someter su flota a supervisión y habilitar canales locales de reclamo. En ese espejo, los taxistas dejan de sentirse desplazados y comienzan a entender que la tecnología puede convivir con ellos si se asegura un piso regulatorio compartido.

El dirigente Juan Carlos Berón sintetiza esta mirada al describir el proyecto como “más a favor del taxi”, señalando que la igualdad de responsabilidades era una demanda histórica. En rigor, los conductores no se oponen a la competencia; lo que exigen es que se dé dentro de un marco equitativo donde las plataformas, hasta ahora en un limbo normativo, pasen a ser fiscalizadas y responsables ante la ciudad y sus usuarios.

El punto más revelador es que los taxistas reconocen que la convivencia es inevitable. En esa aceptación hay una madurez sectorial: resistir ya no tiene sentido cuando la demanda social está acostumbrada a la inmediatez de las apps. La clave aparece entonces en la regulación, que no solo busca ordenar el mercado, sino dotar de herramientas al Estado para monitorear, sancionar y corregir prácticas irregulares, algo que hasta ahora parecía imposible.

La creación de un registro municipal, mecanismos de monitoreo en tiempo real y penalidades claras marca un giro institucional: el transporte deja de ser un servicio librado a la disputa informal para convertirse en un sistema donde se reconocen actores y reglas. La obligación de contar con canales locales de atención abre otro frente: por primera vez, las plataformas deberán responder cara a cara a los usuarios y a la ciudad que las habilita.