La reciente suspensión de 400 emprendimientos urbanos en La Plata por el intendente Julio Alak ha desatado un intenso debate en la provincia de Buenos Aires. En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respaldó la medida, destacando que muchos de estos desarrollos "estaban fuera de regla" y advirtiendo que los responsables cometieron una “estafa” al vender terrenos sin la convalidación oficial.

El procedimiento legal para urbanizar en áreas no habilitadas por el Código de Ordenamiento Urbano es claro y requiere, entre otras cosas, la aprobación de excepciones por parte del Concejo Deliberante y una posterior evaluación provincial. Sin embargo, según Bianco, los desarrolladores han ignorado estos pasos, promoviendo lotes y construcciones sin las autorizaciones pertinentes. Para Bianco, esta omisión no es un simple error burocrático, sino una maniobra para presionar a las autoridades a validar proyectos que violan normativas de urbanización.

Bianco enfatizó que esta situación no solo transgrede la legalidad, sino que deja a los compradores en una posición vulnerable. Las personas adquirieron estos terrenos con la intención de construir su hogar, solo para descubrir después que no pueden obtener escrituras ni servicios esenciales debido a la falta de validación provincial. La descripción de Bianco es tajante: “Es una estafa”.

Con esta medida, la Municipalidad de La Plata busca “parar la pelota”, como dijo el propio Bianco, y poner en orden los proyectos. En muchos casos, se trata de barrios privados en áreas que podrían ser inapropiadas para la construcción, como humedales, donde el impacto ambiental y el riesgo de inundaciones son serios problemas. Es, por tanto, una cuestión de responsabilidad social y de cumplimiento de normas vigentes para evitar “desgracias” futuras.

La decisión de suspender estos desarrollos también ha traído de regreso a la escena al exfuncionario Luis Barbier, quien, durante la gestión de Julio Garro, fue responsable de facilitar el avance de estos proyectos. Barbier, quien se mantuvo ocho años en el área de Obras Públicas, permitió el crecimiento de construcciones en áreas donde el COU lo prohibía, beneficiando a desarrolladores y constructores sin la validación correspondiente.

La oposición ha exigido transparencia al solicitar la publicación de la lista y la ubicación de los barrios suspendidos. Esta exigencia refleja no solo la gravedad del caso, sino la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a información sobre los lugares donde podrían haber sido estafados.

La medida de Alak de suspender estos desarrollos hasta revisar su situación no solo parece un acto administrativo, sino también una defensa del ciudadano común que, en medio de un mercado inmobiliario complejo, confía en que su inversión está protegida por las autoridades. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Es esta acción realmente una protección efectiva o se está utilizando para otras multas?

La historia aún está lejos de cerrarse. La intervención del Ministerio y las investigaciones judiciales podrían aclarar quiénes son beneficiarios de esta situación. Mientras tanto, la suspensión sigue generando incertidumbre en el sector y, sobre todo, en los compradores, quienes merecen que se respeten sus derechos como propietarios.

La regulación en el ámbito inmobiliario no debería ser vista como un obstáculo, sino como una garantía de que los ciudadanos invierten de manera segura. Este caso en La Plata deja en claro que la especulación desmedida sin control tiene consecuencias reales para quienes solo buscan construir un hogar.