En medio de los conflictos entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y dirigentes sociales por la falta de alimentos en comedores comunitarios, se revelan los primeros resultados de una auditoría gubernamental que señala irregularidades en la adquisición de alimentos durante la gestión anterior.
Los resultados de la auditoría apuntan a sobreprecios de hasta un 500%, cartelización en las compras y falta de transparencia en la distribución de alimentos. Se detectó una “falta de trazabilidad” en el destino final de los alimentos destinados a organizaciones sociales, lo que generaba dudas sobre su utilización.
En el presupuesto de 2023 para la cartera social, se destinaron 30 mil millones de pesos a la compra de alimentos secos. La actual administración busca romper con la metodología anterior y garantizar una distribución directa y transparente de los alimentos a los sectores más vulnerables.
Las licitaciones durante la gestión anterior presentaban irregularidades, como compras multimillonarias de productos específicos sin especificaciones técnicas, lo que beneficiaba a ciertos intermediarios. Ahora, se busca cambiar este enfoque y permitir concursar por cada renglón de manera parcial, evitando la cartelización.
Para agilizar la adquisición de alimentos, se firmaron convenios por 20 mil millones de pesos con organismos internacionales, garantizando estándares de transparencia y calidad en la distribución. La nueva gestión busca asegurar que la ayuda llegue de manera directa y efectiva a los beneficiarios, eliminando intermediarios y garantizando la calidad de los alimentos.
