La diputada Sabrina Ajmechet del PRO y presidenta de la comisión de Derechos Humanos en Diputados pegó el volantazo y anunció la puesta en marcha del Registro de Violaciones en Pandemia. Esta movida apunta a recopilar denuncias y buscar justicia para aquellos que sufrieron posibles abusos durante la cuarentena por el COVID-19.

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Con firmeza, Ajmechet prometió abrir un espacio seguro y receptivo para todas las personas que quieran compartir sus testimonios de lo vivido durante el confinamiento.

En un video compartido en sus redes sociales, no dudó en señalar al gobierno de Alberto Fernández como el principal responsable de las violaciones de derechos humanos en la historia democrática del país.

La iniciativa busca recoger los testimonios de aquellos que se consideren víctimas de violaciones de derechos humanos durante la emergencia sanitaria.

Los datos recopilados se sistematizarán y se presentarán en un informe final ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.

Ajmechet asumió el cargo de titular de la comisión de Derechos Humanos el pasado miércoles, en una jornada marcada por intensa actividad legislativa y designaciones de autoridades en la Cámara de Diputados.

Ya en su nuevo rol, la diputada anunció la creación del registro y convocó a una reunión informativa el miércoles 24 de abril para dar inicio al proceso de recolección de denuncias.

Junto a Ajmechet, las autoridades de la comisión quedaron conformadas por Hugo Yasky (Unión por la Patria) como vicepresidente primero, María Celeste Ponce (La Libertad Avanza) como secretario primero, y Alejandro Vilca (Frente de Izquierda) como secretario tercero.

La propuesta del registro no pasó desapercibida y generó respuesta por parte de Hugo Yasky, quien sugirió ampliar la convocatoria a las víctimas de las políticas represivas del gobierno de Javier Milei.

Además, el diputado Juan Marino (UP) rechazó la afirmación de Ajmechet sobre las violaciones de derechos humanos, recordando las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001 durante el mandato de Fernando de La Rúa.

El debate sobre la situación durante la pandemia sigue candente. Según un informe de Amnistía Internacional, se identificaron más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en todo el país.

Aunque la Argentina registró una disminución de la expectativa de vida y un exceso de mortalidad por COVID-19, los datos son menores que los promedios globales, lo que indica un desempeño comparativamente positivo en relación a otros países, según un estudio de la revista científica The Lancet.