El Concejo Deliberante de La Plata votará este jueves sobre la prórroga de la concesión del transporte público, una medida que ha desatado un intenso debate sobre su legalidad. Firmada por el intendente Julio Alak en septiembre, esta extensión se ha convertido en un campo de batalla entre el oficialismo y la oposición, que cuestiona la validez de la decisión debido a que dos de los cuatro contratos ya han expirado.

El Decreto N° 2324/24 establece la prórroga de las concesiones del servicio de transporte público, otorgadas a empresas como Unión Platense SRL y Línea Siete SAT, hasta el 27 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta un obstáculo: la convalidación del Concejo es imprescindible para que esta medida tenga efecto. Aquí es donde la situación se complica, ya que el oficialismo requiere de al menos 13 votos para alcanzar la mayoría absoluta, obligándolo a buscar apoyo en un bloque opositor que ya ha manifestado dudas sobre la legalidad de la prórroga.

Es importante señalar que la Ley Orgánica de las Municipalidades exige una mayoría absoluta no solo de los concejales presentes, sino del total, en este caso, 24 ediles. Unión por la Patria (UxP) cuenta con diez concejales y, aunque ha recibido el respaldo de algunos de la UCR + PRO, el rechazo del PRO a la medida plantea una gran incertidumbre.

Las objeciones legales han sido el eje central de la discusión. La oposición sostiene que dos de las concesiones vencieron el 27 de septiembre, lo que pone en entredicho la capacidad del Ejecutivo para extenderlas. Esta interpretación ha sido cuestionada por los funcionarios de Alak, quienes defienden la legalidad del decreto al argumentar que fue firmado antes del vencimiento.

Sin embargo, lo que está en juego trasciende la mera legalidad. La prórroga del transporte público en La Plata refleja un patrón preocupante en la gestión municipal: la falta de un marco regulatorio claro y la necesidad urgente de modernizar un sistema de transporte que, como indican diversas investigaciones, no logra satisfacer las necesidades del 90% de la población. En este sentido, la prórroga podría ser vista como una improvisación más que como una solución sustentable.

La situación requiere no solo un análisis legal, sino también una reflexión crítica sobre la calidad del servicio de transporte en la ciudad. La caída del 16,7% en la cantidad de viajes realizados por los micros en el último año pone de manifiesto la insatisfacción de los usuarios y la necesidad de un replanteo integral que garantice un servicio eficiente y accesible para todos los platenses.

En definitiva, la votación en el Concejo Deliberante no solo decidirá el futuro de las concesiones de transporte, sino que también pondrá a prueba la capacidad del gobierno municipal para abordar las demandas de la ciudadanía de manera transparente y efectiva.