Las cuotas de los colegios privados de la Provincia vendrán con un aumento promedio de 9% en julio. El mismo es para compensar la mejora otorgada a los educadores en la reapertura de la paritaria, hace poco más de un mes. Entonces, Kicillof acordó con los gremios incorporar un 10% adicional al acuerdo anterior para alcanzar una mejora anual por encima del 60%.

Pero eso también debe liquidarse a los maestros y profesores que trabajan en los 4.280 establecimientos de gestión privada. Allí concurren casi 1,2 millones de alumnos que desde julio tendrán que afrontar aranceles más altos.

En julio, se acumularán dos subas autorizadas por el Gobierno y de esta manera los padres o tutores deberán abonar una mensualidad que será 16,7% más alta que el mes pasado.

Ocurre que en abril de este año, se había dispuesto un ajuste del 25% hasta septiembre de 2022, en un esquema de escalonado. Según lo acordaron las autoridades de la Dirección General de Escuelas provincial con las entidades que agrupan a los institutos de educación, los costos de la matrícula aplicaron un incremento retroactivo del 8% desde marzo; otro porcentaje idéntico a partir de julio y un 9% en septiembre.

Desde hace años, en Buenos Aires rige un mecanismo que establece topes máximos del precio de la matrícula mensual que puede cobrar el instituto de enseñanza, según el nivel de educación y el porcentaje de subsidio que recibe.

Para ponerlo en números absolutos: un colegio que dicta jardín y primaria podrá cobrar entre 3.230 pesos (100% de subvención) hasta 14.600 pesos (40% de aporte estatal para sueldos). Una secundaria tendrá este rango: de 3.560 pesos hasta 18.900.

La mensualidad más cara aprobada por el gobierno corresponde a una escuela de enseñanza media técnica o agraria. Con 40% de subvención tiene permitido cobrar 21.700 pesos por mes. Y una "agropecuaria" con 40% de subsidio puede pedir hasta 4100 pesos por mes.

En todos los casos, esos montos son máximos para los que ofrecen el servicio educativo básico determinado por la Dirección General de Escuelas. En caso de que se agreguen servicios complementarios (alguna disciplina deportiva; algún idioma; enseñanza extracurricular de computación y otros) pueden cobrarlo por fuera de esta banda arancelaria.

Los establecimientos educativos que no perciben ayuda del Estado (son unos 2000 en Provincia) no tienen piso ni techo. Fijan los montos de acuerdo con un criterio “de mercado”, sin regulaciones.

Son los exclusivos y onerosos establecimientos donde un arancel mensual para primaria puede costar entre 40.000 y 80.000 pesos mensuales. Están en barrios de alto poder adquisitivo o en countries y barrios privados. Allí asisten, según datos oficiales, unos 400 mil estudiantes de los tres niveles.

“Sabemos que para muchas comunidades educativas afrontar estos incrementos no es fácil, pero para poder seguir funcionando en un contexto inflacionario como el que estamos atravesando necesitamos actualizarlos”, dijo a Clarín Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba, la entidad que agrupa a los colegios bonaerenses.

Los empresarios del sector educativo venían negociando desde hace varias semanas con la provincia el nuevo esquema tarifario. Las conversaciones comenzaron después que Kicillof cerró la “nueva” paritaria con los sindicatos educativos.

“Es que el aumento de los sueldos docentes lo tenemos que pagar aun cuando no tengamos habilitada la nueva cuota. Y eso provoca cimbronazos financieros en los institutos”, dijeron en las entidades.

El régimen de educación no oficial representa un tercio de todo el sistema educativo provincial que tiene 5,2 millones de estudiantes y más de 15 mil centros de enseñanza.

La Provincia tiene un esquema de aportes para esas dependencias que consiste en pagar el 40%; 50%, 60; 70; 80% o 100% de los haberes de la plantilla docente. Los auxiliares, directivos y otros agentes que trabajan en los institutos se solventan con el pago de las matriculas.

En plena pandemia por Covid el gobierno dispuso un aporte extra de casi 500 millones de pesos para sostener los emprendimientos educativos que quedaron a un paso de la quiebra por el retiro de inscriptos y otros inconvenientes. No obstante, según dijeron en Aiepba, más de un centenar de institutos tuvieron que cerrar.