La República de los Niños se volvió a ser foco de críticas luego del violento intento de robo a un adolescente de 16 años, quien se resistió al robo de su bicicleta. Este incidente se suma a una serie de problemas recurrentes en el predio, como el descarrilamiento de un tren, agua contaminada y una notoria falta de seguridad en el lugar.

La administración del espacio está a cargo de la Secretaría de Cultura, liderada por Ana Negrete, militante de La Cámpora. Desde julio de este año, la gestión directa la lleva Nicolás Marotta, artista y docente también vinculado a la agrupación política. Marotta tomó el cargo pocos días después del incidente del tren, lo que ya había generado controversias políticas.

A pesar del cambio de gestión, las quejas sobre la inseguridad no han disminuido. Los visitantes habituales señalan la ausencia de controles en los accesos y la falta de seguridad personal en las garitas. Esta situación preocupa a vecinos y deportistas que usan el espacio recreativo, quienes también denuncian la falta de servicios médicos para atender emergencias.

El episodio de violencia de la semana pasada generó una respuesta en el Concejo Deliberante, donde la oposición presentó un proyecto de decreto para expresar su "preocupación" por la falta de seguridad en el predio. La iniciativa fue encabezada por el concejal radical Melany Horomadiuk y otros ediles de su bloque.

En el proyecto se señala la reiteración de hechos de inseguridad en la República de los Niños, incluyendo episodios recientes de acoso y exhibicionismo que afectarán a mujeres que entrenaban en el lugar. El texto también reclama acciones inmediatas de las autoridades para garantizar un espacio seguro para todos los visitantes, en especial para niños y adolescentes.

La inseguridad no es el único problema que enfrenta el predio. En los primeros meses de gestión se descubrió que el agua de la República de los Niños contenía pseudomona aeruginosa, una bacteria peligrosa para el consumo humano. Además, el descarrilamiento de un tren el 30 de junio, que dejó a cinco personas heridas, motivó una serie de pedidos de informes para revisar el estado de las atracciones y de las concesiones del parque.

Ante la gravedad de estos incidentes, la Secretaría de Cultura inició una auditoría para revisar el estado de las instalaciones y de los contratos vigentes. Hasta la fecha, los resultados de esta auditoría no han sido publicados.