El destino de Felicitas Alvite, conocida como La Toretto de La Plata, enfrenta un nuevo capítulo en medio de cuestionamientos judiciales y sociales. La joven, acusada de homicidio simple con dolo eventual tras atropellar y matar al músico Walter Armand, podría ser trasladada a una cárcel común, dejando atrás los "privilegios" de su actual reclusión en la Alcaidía de Melchor Romero.

El debate no es menor. La defensa de Alvite insiste en que el traslado agravaría su estado psicológico, caracterizado por episodios de depresión y ataques de pánico, según sus abogados. Sin embargo, el rechazo a su arresto domiciliario, sumado a la ratificación del juicio oral por parte de la Cámara de Apelaciones, parece inclinar la balanza en favor de endurecer su situación carcelaria.

El caso de Alvite pone en evidencia una tensión recurrente en el sistema penitenciario: el equilibrio entre la contención psicológica de los detenidos y el trato equitativo dentro de las cárceles. Mientras que sus abogados argumentan que las condiciones actuales son necesarias por su estado mental, las críticas sociales señalan un trato preferencial incompatible con la gravedad del delito.

Más allá de los tecnicismos legales, la sociedad platense sigue expectante. La imagen de Armand, un joven en moto con derecho de paso, contrasta de manera brutal con el relato de una carrera temeraria que terminó en tragedia. La resolución de Casación será clave para definir si Alvite enfrentará el juicio desde su hogar o desde un entorno más restrictivo, una decisión que marcará el rumbo de un caso que ya trasciende lo judicial para instalarse en el ámbito de la ética y la justicia social.