El cinismo del poder político durante el aislamiento sanitario no parece encontrar fondo. El ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez fueron denunciados penalmente luego de que se revelara la celebración de una fiesta a bordo del avión presidencial Tango 01 horas antes de la famosa fiesta en la residencia de Olivos. La impunidad del festejo contrasta con los retenes policiales que asfixiaban al AMBA.
Los tribunales de Comodoro Py deberán desentrañar una trama de complicidades que excede a los propios comensales de la quinta presidencial. La presentación fue realizada por el abogado Ignacio Barrios "contra quienes resulten responsables" luego de que el periodista Luis Gasulla reveló dos hechos ocurridos el 14 de julio y 10 de agosto de 2020, en el marco de las estrictas restricciones por la pandemia del Covid-19. El expediente apunta directo al corazón de la estructura administrativa de la Casa Rosada.
El escrito detalla un desvío sistemático de logística oficial para montar reuniones sociales en hangares federales. El letrado apunta a los "funcionarios públicos y, en su caso, particulares que hubieran prestado un aporte doloso, emplearon el antiguo avión presidencial T-01 —entonces estacionado en instalaciones de El Palomar— y/o trabajos, servicios, personal, transporte, energía, equipamiento o fondos pagados por la Administración Pública Nacional para organizar o sostener encuentros de carácter privado". La maniobra incluyó el despliegue de personal técnico aeronáutico de la República Argentina.
La revelación periodística en la señal televisiva LN+ encendió las alarmas en el fuero penal porteño. Gasulla denunció en LN+ que Yáñez habría utilizado el avión presidencial durante la tarde del 14 de julio de 2020, el mismo día de la polémica fiesta de Olivos, para realizar una celebración. Aquel martes invernal funcionó como una maratón de brindis que desafió las normas sanitarias vigentes.
El montaje en el predio de la Provincia de Buenos Aires requirió días de trabajo técnico para simular un boliche aéreo. Según la denuncia presentada ante la Justicia, las tareas de preparación del evento se realizaron "durante tres días: provisión o traslado de escalera, conexión de un grupo electrógeno o equipo de potencia terrestre, energización de la cabina, heladeras, catering, torta, sushi o salmón, bebidas alcohólicas, música y afectación de personal de aviación". Todo se financió con recursos de la Administración Pública Nacional.
La nómina de acusados compromete a los mandos ejecutivos que administraban los bienes presidenciales. Los principales apuntados son Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y Leonardo Barone, expiloto del exmandatario y exdirector de Logística de la Secretaría General de la Presidencia. La estructura estatal de Morón quedó subordinada al capricho de la comitiva oficial.
El rol del exmandatario resulta determinante para evaluar la malversación de caudales. Si bien el entonces Presidente no habría participado de dicho evento, habría tenido un rol para autorizar el uso del Tango 01 y la organización del evento. La logística no se movía sin la venia directa del despacho principal.
La investigación apunta a determinar si el dinero público cubrió los consumos de la velada. Además, se habría financiado a través de una caja chica de la Secretaría General. Los fondos reservados sirvieron de colchón financiero para la juerga.
La segunda celebración se habría concretado semanas más tarde, con la misma modalidad y en idéntico escenario bonaerense. Luego, habría ocurrido otro encuentro a bordo del avión presidencial el 10 de agosto de 2020, también con la nave estacionada en El Palomar. Las instalaciones militares volvieron a abrirse para el círculo íntimo de la expareja presidencial.
El hermetismo rodeó a los invitados que frecuentaron la nave oficial sin registro formal de ingresos. De este habría sido parte amigos de Yáñez, aunque no se brindaron mayores precisiones. La custodia federal y los operadores de rampa mantuvieron el secreto durante cuatro años.
El proceso judicial exigirá peritajes rigurosos para validar los registros audiovisuales que circulan en el ambiente periodístico. Si bien el periodista afirmó que habría fotos y videos que confirman estos hechos, la denuncia remarca que "esos archivos no fueron publicados con sus soportes nativos, metadatos, procedencia ni cadena de custodia". La incorporación de la prueba digital será la clave de la instrucción.
La expectativa de la querella radica en reconstruir el circuito de órdenes mediante los libros de guardia oficiales. El abogado expresó en su presentación que el objetivo es "que los órganos competentes confirmen o descarten, mediante documentación estatal, registros técnicos, testigos y pericias independientes, la existencia de cada episodio, la respectiva cadena de órdenes, el empleo efectivo de recursos públicos, el conocimiento de su finalidad y la intervención individual de cada persona". Los jueces deberán citar a los mecánicos y jefes de pista.
El laberinto judicial amenaza con sumar un nuevo capítulo de desprestigio a la gestión albertista. El impacto político de la acusación vuelve a golpear la credibilidad del peronismo metropolitano en el peor momento de su reconfiguración interna. Mientras las familias del conurbano enterraban a sus muertos en soledad, el avión oficial servía copas y sushi a cuenta del erario público.
Lo que tenés que saber sobre la fiesta en el Tango 01
- Doble festejo clandestino: Se denunció penalmente la realización de dos fiestas privadas a bordo del avión presidencial Tango 01 en la base de El Palomar, el 14 de julio y el 10 de agosto de 2020, en plena cuarentena estricta.
- Los imputados: La presentación apunta a Fabiola Yáñez, al expresidente Alberto Fernández y a Leonardo Barone, exdirector de Logística y piloto oficial.
- Uso de recursos públicos: La denuncia describe tres días de tareas previas con grupos electrógenos, personal de aviación, catering con sushi y bebidas alcohólicas presuntamente costeadas por la caja chica de la Secretaría General de la Presidencia.
- Peritajes en marcha: La Justicia deberá requerir registros oficiales de guardia, metadatos de los videos y declaraciones de los trabajadores aeronáuticos para constatar la cadena de órdenes.
