En las próximas semanas, el gobierno nacional habilitará la opción de autodespacho de combustibles en las estaciones de servicio de todo el país, una medida que promete cambiar el sector y dar mayor libertad a los consumidores.

Sin embargo, esta iniciativa podría no tener el impacto esperado en La Plata ni en el resto de la provincia de Buenos Aires, donde una legislación vigente lo prohíbe explícitamente.

La Ley N° 13.623, promulgada en 2007, impide el autodespacho de combustibles líquidos y gas natural comprimido en la provincia. Esta normativa establece que solo personal capacitado y autorizado puede operar los surtidores en las estaciones de servicio, por razones de seguridad y emergencia.

Aunque el ministro Federico Sturzenegger ha defendido la medida como un avance en la desregulación, las autoridades bonaerenses deberán enfrentarse a un dilema: la medida nacional contrasta con las normativas locales, lo que podría generar confusión y desajustes en su implementación. Además, la ley permite el autodespacho solo en aeronaves y embarcaciones, lo que refuerza la idea de que, en tierra, la seguridad sigue siendo una prioridad indiscutible.

Esta disyuntiva no solo resalta la falta de armonización entre niveles de gobierno, sino que también pone en evidencia la brecha entre la libertad económica prometida a nivel nacional y la necesidad de mantener estándares de seguridad en la provincia. Sin duda, la cuestión generará más debate en las próximas semanas.