Prórroga del transporte público en La Plata: Una sesión tensa y disputada en el cConcejo deliberante

El Concejo Deliberante de La Plata aprobó, en una sesión llena de tensiones, la prórroga de la concesión de transporte público firmada por el intendente Julio Alak en septiembre. Esta medida, que extiende los contratos hasta diciembre de 2025, suscitó un fuerte enfrentamiento con la oposición, que cuestionó la validez del decreto alegando que dos de los contratos ya se encuentran vencidos.

En su Decreto N° 2324/24, Alak decidió prorrogar los servicios de transporte otorgados a Unión Platense S.R.L., Nueve de Julio y Línea Siete S.A.T., extendiendo contratos licitados en 2010 y 2012 que ya habían sido renovados en 2022. Aunque la ordenanza fue aprobada con 14 votos a favor, la oposición solicitó una reconsideración debido a la falta de debate en la sesión.

La oposición, encabezada por bloques como PRO y Buenos Aires Libre, votó en contra, señalando que dos de los contratos ya vencieron en septiembre y otros lo harán en abril y septiembre de 2025. La concejala Florencia Defeo (Buenos Aires Libre) advirtió sobre una "anomia total" en la administración, criticando la prórroga por aplicarse sobre contratos vencidos, calificando la ordenanza de "nula".

En respuesta, concejales de Unión por la Patria defendieron la medida como un recurso necesario para garantizar el servicio de transporte hasta que se apruebe el nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Según el concejal Javier Mor Roig, esta extensión es esencial para que los platenses no se queden sin servicio, argumentando que se trata de una última prórroga.

El concejal Nicolás Morzone (PRO) cuestionó la legalidad de la ordenanza y acusó al intendente de incumplir promesas de campaña, mientras que el presidente del bloque de Unión por la Patria, Pablo Elías, destacó los logros de la actual gestión como la regulación de la venta ambulante y mejoras en la seguridad urbana.

Finalmente, desde el oficialismo, se defendió la validez de la prórroga, argumentando que se trata de preservar un servicio esencial para la comunidad mientras se espera una nueva licitación respaldada por un marco legal actualizado.