Nueva denuncia contra funcionarios del Ministerio de Trabajo

En un marco de creciente tensión en el ámbito laboral de la provincia de Buenos Aires, una nueva declaración complica a Mónica Parra, inspectora del Ministerio de Trabajo bonaerense, y a Mariano Salomón, subsecretario de Inspección Provincial. 

La reciente denuncia penal presentada por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) se ve reforzada por los testimonios de representantes de empresas inspeccionadas.

Es que el apoderado de GLIGNAC S.R.L., una empresa de seguridad privada ubicada en Ramos Mejía, declaró ante el instructor fiscal que Mónica Parra habría afirmado que sus inspecciones se realizaban por “orden de Mariano Salomón”, desde la sede del Ministerio en La Plata.

De acuerdo al testimonio del querellante, Parra habría indicado que la orden era inspeccionar empresas que no aplicaban el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 779/2020 del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisiones y Permanencias (SUTCAPRA), para obligarlas a adoptarlo, por más que, por la actividad para la actual está inscripta y desempeña, no corresponde su aplicación, si en an cambio, el 507/07 de UPSRA.

A todo esto, se confirmó que también Alejandro Capalbo, representante de UPSRA CAP, volvió a denunciar penalmente a Parra y a otros funcionarios del Ministerio de Trabajo bonaerense, acusándolos “de delitos como asociación ilícita, fraude a la administración pública y abuso de autoridad” por otra inspección “irregular”. En este caso a la empresa Bull Cap S.R.L.

La denuncia es similar a dos anteriores por procedimientos en la mencionada GLIGNAC S.R.L. y en la firma Pit Bull S.A., de Lomas de Zamora, en las cuales también se habría intentado imponer el CCT 779/2020, ajeno a la actividad de estas empresas y fuera de la jurisdicción de SUTCAPRA.

Tal como reiteró Capalbo, SUTCAPRA carece de personería gremial para intervenir en actividades de seguridad privada, y su convenio colectivo está limitado a trabajadores de control de admisiones en eventos y locales nocturnos en el partido de La Plata bajo un empleador directo, no una empresa de seguridad que tercerice el servicio. Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Trabajo habrían permitido estas inspecciones ilegítimas en connivencia con el sindicato, afectando derechos laborales y el patrimonio de UPSRA.