Política
INFORME ESPECIAL | Milei está destrozando el INTA, un organismo que funcionaba bien
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las instituciones más emblemáticas del sistema científico y productivo argentino, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia.
La disputa por su futuro no solo lo enfrenta a un feroz proceso de ajuste y reestructuración, sino que lo convierte, según coinciden diversas fuentes del sector, en un verdadero "botín de guerra" dentro del Gobierno nacional.
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, a fines de 2023, el INTA comenzó a transitar un sendero de incertidumbre. Primero fue el intento frustrado de privatización —que incluía también a INTeA, su brazo comercial— incluido en la versión original de la Ley Bases.
Ese intento fue rápidamente rechazado por el sector agropecuario y las provincias, dejando en claro que no estaban dispuestos a resignar una institución clave para el desarrollo productivo del país.
Ajuste, resistencia y reestructuración aprobada
Con el correr de los meses, aquella intención de privatización viró en lo que el Gobierno denominó una “reestructuración”, pero que en la práctica representa un severo ajuste. Aunque resistido, el proceso avanzó con la anuencia parcial de algunos sectores rurales y gremios.
La motosierra libertaria tropezó en varias ocasiones con los Consejeros y empleados del organismo, pero finalmente, el 15 de abril de 2025, el Consejo Directivo aprobó la reestructuración.
La decisión fue tomada por 7 votos contra 2, en una votación que muchos describen como el verdadero quiebre institucional del INTA.
El plan prevé despidos masivos, venta de activos y una reconversión funcional del instituto. La reducción proyectada alcanza al 30% de su planta de personal (cerca de 1.500 trabajadores), así como la venta de unas 70 mil hectáreas consideradas “improductivas”.
Entre las medidas también se contemplan cierres de agencias y estaciones experimentales, con el fin de “regionalizar” la actividad y trabajar en campos de productores privados, replicando modelos como el de Aapresid.
Los nuevos mandos del INTA
La conducción del INTA recayó en Nicolás Bronzovich (presidente, productor del sudeste bonaerense) y Beatriz Giraudo (vicepresidenta, del sudoeste santafesino), ambos con estrechos vínculos con Aapresid. Este binomio impulsa un modelo más “liviano”, sin estructura inmobiliaria estatal, y con ensayos directamente en campos privados.
En redes sociales, empleados y gremialistas nucleados en ATE y APINTA denuncian que se está desmantelando una institución clave para el desarrollo tecnológico del campo, y convocan a movilizaciones y campañas virtuales bajo hashtags como #NoAlDesguaceDelINTA y #DefendamosElINTA.
La interna Caputo vs. Sturzenegger
El trasfondo político es quizás el dato más elocuente. Detrás del ajuste operan dos facciones del Gobierno: por un lado, el ministro de Economía Luis Caputo, junto con Juan Pazo (secretario de Planeamiento y Producción); por otro, Federico Sturzenegger, actual titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Caputo impulsa una "intervención de facto" mediante una súper gerencia que concentre todo el poder operativo, bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación de Gestión (aún sin nombramiento oficial).
Este esquema recibió el aval de la Mesa de Enlace y CREA, que aportaron cinco de los siete votos afirmativos. La Federación Agraria Argentina fue la única en votar en contra.
Gustavo Tettamanti, consejero por FAA, lo explicó así: “No podía avanzar sin el acuerdo con todos ustedes y llegar a un consenso para tener un mandato. Pedí tiempo, pero no lo tuve”.
¿Un nuevo superorganismo?
En paralelo, Federico Sturzenegger juega su propia carta: un megaproyecto para fusionar al INTA con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
La propuesta, que aún no fue oficializada pero circula como borrador avanzado, se llamaría Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE).
El plan contempla:
- Integración tecnológica: laboratorios, satélites y redes de extensión para enfoques interdisciplinarios.
- Sustentabilidad productiva: foco en tecnologías verdes, eficiencia energética y adaptación climática.
- Vinculación público-privada: participación privada del 30% en I+D hacia 2035, con foco en biotecnología, Industria 4.0 y nanosatélites.
- Capital humano: programas de posgrado y becas para áreas estratégicas.
- Estructura federal: centros regionales autónomos pero coordinados.
Entre sus ideas más polémicas está la venta de activos subutilizados (como edificios) para financiar laboratorios de última generación y el desarrollo de un geoportal nacional que combine datos de SAOCOM, humedad de suelos y mapas industriales.
El cronograma proyectado divide el proceso en tres etapas: integración institucional (2025–2028), despliegue operativo (2028–2033) y consolidación estratégica (2033–2035), incorporando conceptos como agricultura 5.0 y corredores industriales verdes.
Un organismo entre dos fuegos
La batalla por el INTA es, en definitiva, una disputa de poder entre dos modelos de país: uno orientado a la reducción del Estado a su mínima expresión, con fuerte impronta de mercado; otro que busca rediseñar el aparato estatal con lógica de convergencia tecnológica y control centralizado.
Mientras tanto, los territorios del interior profundo —las economías regionales, los pequeños productores, los técnicos de campo— ven cómo se decide su futuro lejos del barro y la tierra que pisan cada día.
Lo que sí es seguro es que el INTA, tal como se lo conoció, está a punto de desaparecer. Y lo que surja después, dependerá de cuál de las dos trincheras se imponga en esta guerra silenciosa que ya dejó demasiadas bajas.