En una reciente licitación publicada en el Boletín Oficial de la provincia, la gestión del intendente Julio Alak ha decidido contratar un servicio de seguridad privada para proteger 29 dependencias municipales.

Esta medida, que responde a la creciente preocupación por la inseguridad, plantea dudas sobre su real eficacia y el destino de los recursos públicos.

El servicio de seguridad abarcará las 24 horas del día, incluyendo días feriados, y contará con un plantel de 150 agentes que estarán distribuidos entre lugares clave como la República de los Niños, el Palacio Municipal y el Cementerio.

Aunque la iniciativa tiene como fin la prevención de robos, incendios y daños a los bienes públicos, la pregunta que surge es si esta inversión realmente mejorará la seguridad ciudadana o si podría haber destinado a soluciones más directas para los vecinos.

Los agentes deberán cumplir con requisitos estrictos, como ser ex miembros de las Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad, lo que podría garantizar cierta experiencia, pero también deja abierta la cuestión de si es más efectivo reforzar la seguridad pública a través de la policía local.

En un contexto de recursos limitados, no está claro si una privatización de estas funciones será la solución definitiva a un problema que afecta a muchos vecinos de la ciudad.

La apertura de ofertas está prevista para el 26 de diciembre, y mientras tanto, la comunidad se pregunta si esta licitación es una medida necesaria o simplemente una estrategia política que no aborda la raíz de los problemas de seguridad.