A pocos días de cumplirse cinco meses del accidente fatal en la esquina de 7 y 49, que le costó la vida a la médica Ana Fiorino, la justicia aún no ha completado las pericias psicológicas al acusado, Maximiliano Insaurralde. Esta medida, fundamental para el proceso judicial, sigue siendo pospuesta debido a una insólita falta de peritos disponibles.

La demora en las pericias pone en evidencia una de las principales problemáticas del sistema judicial argentino: la escasez de recursos humanos y materiales en áreas clave. Mientras fiscales y defensores luchan por conseguir los expertos necesarios, el proceso se ve arrastrado por este cuello de botella, retrasando un juicio que ya lleva meses de espera.

Insaurralde, quien permaneció detenido desde el accidente, enfrenta una acusación de homicidio simple con eventual resultado fatal. El abogado, que confesó haber consumido drogas y alcohol antes del choque, espera que las pericias psicológicas puedan ser la llave para conseguir su liberación o, al menos, arresto domiciliario. Sin embargo, el contexto procesal y la gravedad del hecho parecen poco favorables para una pronta resolución a su favor.

A medida que la justicia se tambalea bajo el peso de sus propios fallos y ausencias, la sociedad se pregunta si realmente se están protegiendo los derechos de las víctimas y si se hace justicia de manera equitativa para todos. El caso de Insaurralde es solo un ejemplo más de cómo el sistema judicial continúa siendo uno de los puntos débiles de nuestro país.