Julio Segundo Rigau, conocido en el ámbito político bonaerense como "Chocolate", ha sido beneficiado con prisión domiciliaria tras catorce meses de detención.

Rigau, de 65 años, fue arrestado el sábado 9 de septiembre de 2023 cuando se lo sorprendió en un cajero automático del Banco Provincia en La Plata, en posesión de 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados "fantasma" de la Cámara de Diputados de la provincia.

El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Federico Atencio, ordenó la "morigeración" de la prisión preventiva, permitiendo que Rigau continúe su detención en su domicilio, monitoreado con una pulsera electrónica.

Esta decisión se produjo luego de que el Ministerio Público Fiscal no apelara el fallo del Tribunal de Casación que otorgaba este beneficio.

Sin embargo, la implementación de la medida podría enfrentar demoras debido a la escasez de dispositivos electrónicos en la provincia.

Actualmente, alrededor de 300 detenidos con prisión domiciliaria concedida permanecen en cárceles y alcaidías a la espera de estos dispositivos. 

El caso de Rigau destapó un esquema de corrupción en la Legislatura bonaerense, donde se utilizaban tarjetas de débito de empleados inexistentes para desviar fondos públicos.

La investigación, liderada por la fiscal Betina Lacki, reveló que los supuestos empleados no desempeñaban funciones reales, desconocían detalles básicos de sus supuestos puestos y, en algunos casos, ni siquiera residían en el país. 

Además de Rigau, otros implicados en la causa son Claudio Albini, subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, y su hijo Facundo Albini, concejal platense.

Ambos permanecen detenidos y esperan que la decisión favorable a Rigau influya positivamente en sus solicitudes de arresto domiciliario.

Se les acusa de haber causado un perjuicio al erario público estimado en al menos 464 millones de pesos. 

La causa ha generado un intenso debate sobre la eficacia de los controles internos en la administración pública y ha puesto en evidencia las dificultades del sistema judicial para abordar casos de corrupción de gran envergadura.

Se estima que el juicio oral podría llevarse a cabo entre 2026 y 2027, prolongando la resolución definitiva de este escándalo que ha sacudido a la política bonaerense.